La pandemia por COVID-19 puso en peligro la economía mundial y alteró la vida de millones de personas alrededor del mundo debido a las altas tasas de desempleo. A mediados del 2020, la Organización Internacional del Trabajo estimó que cerca de la mitad de todos los trabajadores a nivel global se encontraban en riesgo de perder sus medios de subsistencia. Ante esta situación tan preocupante, se generaron nuevas estrategias en materia de economía incluyente, con el fin de apoyar a los países en su camino hacia la recuperación social y económica.
Sin embargo, el intento de implementación de estas medidas no es algo reciente, sino que fue propuesta desde hace un par de décadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se encontraba pausada debido a que se le ha dado prioridad a otro tipo de temas.
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¿Qué es la economía incluyente?
En la actualidad, la economía mundial está ligada a la exclusión social debido a que no todos los miembros de una sociedad cuentan con las mismas oportunidades económicas que les garantiza una vida digna. Es así que en diversos países es evidente que en la mayor parte de las áreas (educación, esperanza de vida o perspectivas de empleo), el éxito está determinado por el nivel socioeconómico, el sexo, la edad y los lugares donde radican las personas.
De esta manera, surgen las propuestas de economía incluyente, que buscan maximizar las posibilidades de empleo de calidad, fomentar las posibilidades de ahorro, aumentar la productividad e incidir en mejorar el nivel de ingreso de un mayor número de personas sin importar sus factores sociales. En otras palabras, esta propuesta sobre economía sienta sus bases en los parámetros de la paridad de oportunidades, donde absolutamente todos los partícipes económicos se ven beneficiados por igual.
Por lo general, los programas de inclusión económica consisten en una combinación de transferencias de efectivo, capacitación u orientación en materia de aptitudes, acceso a financiamiento y apoyo para establecer mejores nexos con el mercado, lo que se ha convertido en uno de los instrumentos más esenciales para la lucha contra la pobreza en todo el mundo.
Principales retos de la inclusión económica
Si bien los altos índices de pobreza a nivel mundial han sido un problema con el que se ha lidiado desde décadas atrás, lo cierto es que a partir de la pandemia por COVID-19 esta situación se intensificó de sobremanera.
En la publicación del Banco Mundial titulada “Informe sobre el estado de la inclusión económica 2021: el potencial de ampliar la escala de actividades”, se realizó un análisis de las consecuencias de la pandemia a nivel de los hogares y a nivel institucional. En 2021, aumentó considerablemente la pérdida de empleo, al grado de que en dos de cada cinco países los ingresos salariales en promedio se estancaron o disminuyeron a lo largo del año.
Esto trajo como consecuencia otros riesgos como las alteraciones en la producción industrial, el aumento en los precios de los productos básicos, la volatilidad del mercado financiero y el aumento de la inseguridad. A su vez, provocó grandes perturbaciones económicas y financieras que, a día de hoy, continúan afectando a la población mundial.
Aunado a esto, la brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23% y, si no se toman medidas de manera inmediata, se necesitarán otros 68 años para lograr la igualdad salarial. Asimismo, las mujeres se siguen haciendo cargo 2,6 veces más que los hombres del cuidado de personas y del trabajo doméstico, actividades que no son remuneradas.
Ante esta situación, el Secretario General de las Naciones Unidas ha enfatizado que la recuperación de la crisis derivada del COVID-19 debe conducir a una economía incluyente, por lo que es una oportunidad ideal para acelerar la implementación de medidas pausadas desde hace mucho tiempo. Si bien este no será un proceso sencillo ni rápido debido a la magnitud de los problemas económicos, se espera que en un futuro se encauce al mundo hacia un camino de desarrollo más sostenible y que la economía mundial sea más resiliente a futuras perturbaciones.
Programas sociales
En abril de 2020, la ONU elaboró un “marco para la respuesta socioeconómica inmediata al COVID-19” como hoja de ruta para apoyar a los países en su camino hacia la recuperación social y económica. Tomando como base las propuestas sobre economía incluyente de años anteriores, este marco apela a reforzar de manera extraordinaria la ayuda internacional y el compromiso político con el objetivo de garantizar que las personas de todo el mundo pertenecientes a cualquier estrato social tengan acceso a los servicios esenciales y a un salario más digno. El marco de respuesta socioeconómica consta de cinco líneas de trabajo:
- Garantizar que los servicios de salud esenciales sigan estando disponibles y proteger los sistemas sanitarios.
- Ayudar a las personas a lidiar con la adversidad mediante la protección social y servicios básicos.
- Proteger empleos y apoyar a pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal.
- Orientar el aumento necesario de estímulos fiscales y financieros para que las políticas macroeconómicas funcionen en favor de los más vulnerables.
- Promover la cohesión social e invertir en sistemas de respuesta y resiliencia impulsados por las comunidades.
De igual manera, se le dio una mayor visibilidad a la Alianza para la Inclusión Económica (AIE), una plataforma que se dedica específicamente a respaldar la adopción y la adaptación de programas nacionales de inclusión económica trabajando con diversas partes interesadas, como los Gobiernos nacionales y organizaciones no gubernamentales. Dicha Alianza ha creado más de 200 programas distribuidos en 75 países y se espera que estos programas de economía inclusiva continúen incrementando en los próximos años.
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Fuentes: Banco Mundial
